La especialización en la persecución y juzgamiento de los delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, es una prioridad para el Poder Judicial, así lo expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, ante la Comisión Legislativa Especial que investiga la posible penetración del narcotráfico en la Zona Sur y Partidos Políticos.
En el año 2015 por iniciativa del Poder Judicial se presentó ante el Poder Ejecutivo el proyecto de ley para la creación de una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, el cual fue aprobado por el Plenario Legislativo en el año 2017.
El magistrado Cruz Castro expuso las acciones y esfuerzos emprendidos por el Poder Judicial en esta materia, durante la comparecencia de este martes 15 de junio 2021, ante el órgano legislativo.
Las limitaciones presupuestarias para la implementación de la Ley 8754, Contra la Delincuencia Organizada, no ha sido obstáculo para que las autoridades judiciales, desde unidades especializadas el Ministerio Público y la Policía Judicial, se avoquen en la persecución e investigación de los delitos sobre crimen organizado y narcotráfico. En la misma línea de trabajo los Juzgados y Tribunales Penales de todo el país, realizan el juzgamiento de estos casos.
“Hay limitaciones de recursos presupuestarios, somos conscientes de la situación fiscal del país y por ello se ha postergado. El tema para la sofisticación en materia penal obviamente tiene un costo, porque esta Ley contra la Delincuencia Organizada tiene que ver con una cantidad de personas funcionarias que dan protección a jueces, fiscales o personal que puedan ser amenazados y el crear otra serie de acciones que implican una ampliación de la planilla y en las circunstancias presupuestarias actuales es difícil”, afirmó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz.
La ley que aprobó la Asamblea Legislativa que creó esta jurisdicción especializada es de un costo económico muy alto, sin embargo mediante un esfuerzo económico más por poner en marcha la Ley en el proyecto de presupuesto judicial para el 2022, se formularon alrededor de ₡511 millones, que se destinarían para atender algunos requerimientos en materia de crimen organizado, en aspectos puntuales como remodelación de espacio físico y resguardo a la jurisdicción, con salas de juicio, acondicionamiento de celdas y zonas de seguridad. Para que esto sea posible se requiere que este monto sea aprobado por la Asamblea Legislativa.
Recursos solicitados desde el año 2018. Con el fin de implementar la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado, desde el año 2018, el Poder Judicial ha solicitado al Ministerio de Hacienda los recursos económicos para que esta jurisdicción inicie funciones en el juzgamiento de hechos delictivos calificados como criminalidad organizada.
Durante los últimos tres años Corte Plena solicitó ante dicho Ministerio y la Asamblea Legislativa, que se asignarán recursos presupuestarios adicionales para atender esta nueva obligación, pero por la regla fiscal que impide el crecimiento en plazas y establece un tope en el presupuesto de las instituciones públicas esto no ha sido posible.
Sin embargo, como la asignación de recursos no ha sido posible por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial solicitó una vacancia de ley, la cual fue aprobada por el Plenario Legislativo. “La firmeza de la suspensión en la vigencia de la Ley 9481, se ratificó el 30 de octubre 2019 con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. “…Entrará en vigencia dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial”. Todos los procesos judiciales que involucran la persecución de aquellos delitos sobre delincuencia organizada mantendrán su tramitación, en aplicación de la legislación actual.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial ha realizado los estudios técnicos para determinar los recursos económicos y humanos necesarios para que esta ley entre en funcionamiento, para lo cual, mediante el Informe 436-PLA-RH-MI-2021, se emitió una actualización del presupuesto requerido para la implementación de la citada ley, con el fin de reducir sus costos, en coordinación con las instancias y direcciones correspondientes.
De dichos estudios y según el informe mencionado, el cual se dividió en dos fases para los periodos 2022 y 2023, se señala, que el costo total en recurso humano asciende a los ₡19.469.147.061.
Dentro de esta estructura organizacional, en materia jurisdiccional se contempla la creación tanto de un Juzgado Penal, un Tribunal Penal y un Tribunal de Apelación especializados en delincuencia organizada, así como la creación de plazas para la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y las Unidades de Protección de Funcionarios Judiciales y de Víctimas y Testigos.
Propuestas concretas. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló que desde el Poder Judicial se han puesto en marcha acciones concretas para la prevención en tema de corrupción, como la creación de la Oficina de Cumplimiento y la aplicación del Reglamento “Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial», con el fin de someter las actuaciones del persona judicial al escrutinio público y la prevención de la corrupción y la desviación del poder.
Entre las tareas judiciales pendientes, y que deben considerar las limitaciones presupuestarias, está el fortalecimiento del Tribunal de la Inspección Judicial, orientado hacia una política administrativa con mayor presencia e incidencia y el reforzamiento de una Unidad de Investigación Judicial y el emprender un estudio sobre las debilidades de las investigaciones administrativas y su corrección.
Los recursos presupuestarios son requeridos para la puesta en marcha del incinerador de la droga por parte de la policía judicial, que demanda un equipo de trabajo de al menos 22 personas a cargo. La importancia de darle mayor alcance al Centro de Intervención de la Comunicaciones, que también requiere una mejora legal para que la fiscalía tenga mayor acceso en investigaciones importantes.
Recomendó a las diputadas y diputados, la revisión de figuras penales como el del testigo de la corona, para corregir las deficiencias de la norma, sus limitaciones y mejorar su aplicación a partir de una colaboración eficaz y la figura de anticipo jurisprudencial de prueba que permita a la fiscalía agilizar su aplicación y el replanteamiento de las campañas políticas como política preventiva, a partir de un buen régimen transparente de financiamiento de campañas.
Consideró la necesidad de emprender el Análisis de Redes de Impunidad, para la revisión de los mecanismos de sanción, evasión y elusión fiscal, mismos mecanismos utilizados también por el crimen organizado y el narcotráfico, lo que demanda también un fortalecimiento de la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales. “El ciudadano costarricense tiene la obligación de tributar, como lo hace el funcionario público”, puntualizó Fernando Cruz.
Destacó la importancia de la Ley de Capitales Emergentes, pero requiere fortalecerse y el Ministerio Público trabaja en una propuesta para mejorar su aplicación y alcance.
“La creación de una Oficina de Política Criminal que monitoree y valore constantemente, el comportamiento judicial administrativo frente al crimen organizado y la corrupción, que lleve el pulso de lo que se hace en esta materia”, propuso el jerarca judicial durante su intervención en la comisión legislativa.