Jueves 17 de marzo de 2022. La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, pidió cuentas a la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por mezclar perfiles de población no compatible en algunos albergues.
Esta intervención de la Defensoría se da tras conocer una resolución de la Sala Constitucional que declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI), y tías de la institución por la mezcla de perfiles de población no compatibles; en los albergues institucionales Convivir y Aldea Punta de Riel, ambos adscritos a la Dirección Regional Huetar Caribe y El Ángel, adscrito a la Dirección Regional Heredia.
De acuerdo con la nota divulgada por un medio de comunicación, la Sala en sus consideraciones señaló que, en efecto, dichas dependencias institucionales incurrieron “… en mezcla de perfiles incompatibles, ubicando menores con problemas de consumo de sustancias adictivas, de historial delictivo e, inclusive bajo el régimen de protección a la víctima, por problemas con el crimen organizado, poniendo en peligro la vida integridad física de los trabajadores del PANI y, ante todo, de los restantes menores de edad”
Cabe destacar que la Defensoría viene dando seguimiento a la situación integral de la población menor de edad ubicada en los albergues institucionales del PANI, e incluso sobre esta misma situación en otro albergue. En razón de lo anterior, éste ente defensor pidió a las autoridades información relacionada con el perfil de población de cada uno de los tres albergues involucrados; así como remitir un informe de la población menor de edad albergada en cada una de las alternativas de protección, que incluya la edad, fecha y motivo de ingreso.
De igual forma, la Defensoría cuestionó si se adoptaron medidas para atender la situación descrita, ya que según la nota del medio de comunicación esta problemática de mezcla de perfiles, en el Albergue Convivir de Guácimo, y que dio origen a la interposición del recurso de amparo, fue informada desde agosto de 2021 a las autoridades institucionales competentes.
Considerando que la situación es reiterada, para la Defensoría es fundamental que se aclare si existe algún estudio integral elaborado por la Unidad de Albergues o cualquier otra dependencia institucional, que aborde el tema de perfiles y la distribución de la población en los albergues institucionales.
Por otra parte, la Defensoría considera que el PANI debe informar si cuenta con personal capacitado para atender los requerimientos que demandan los diferentes perfiles de la población menor de edad bajo su protección; y si cuenta con un plan de capacitación para fortalecer las habilidades del personal de cuidado directo.
Adicionalmente, considerando lo señalado por la Sala Constitucional, en relación con la mezcla de perfiles incompatibles y la obligación institucional de atender a la población que así lo requiere; la Defensoría urgió el plan de atención integral dirigido a las personas menores de edad con problemas de consumo de sustancias adictivas, antecedentes judiciales y bajo el régimen de protección a la víctima.
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