ROBO de cable afecta derecho a la comunicación de miles de personas en Costa Rica: Tanto el ICE como la SUTEL evaden responsabilidades
Lunes 04 de octubre de 2021. La Defensoría de los Habitantes interviene en favor de las y los vecinos de la comunidad de San Luis de Jiménez, en Pococí de Limón, quienes desde principios de este 2021 están sin el servicio de telefonía fija en sus casas de habitación, como consecuencia del robo del cable que permitía la comunicación en la localidad.
Según un estudio de la Defensoría, esta situación afecta a alrededor de 50 familias, algunas de ellas compuestas por personas adultas mayores; y con discapacidad, quienes requieren del teléfono fijo para gestionar citas en los servicios de salud y comunicarse con sus familiares; sin olvidar que este es un canal de comunicación vital cuando se presentan emergencias. Cabe destacar que en esta comunidad la telefonía celular es muy deficiente, y no todas las personas tienen acceso a un móvil.
Tras pedir cuentas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), preocupa a la Defensoría que, más que tutelar este derecho fundamental, las autoridades de esta entidad desvían la atención al robo del cable a la interposición de la denuncia ante el OIJ, y al hecho de que los 79 servicios fijos residenciales afectados se encuentran en suspensión temporal y, consecuentemente, no se está emitiendo facturación, dando a entender que eso resulta positivo para los habitantes del lugar.
Otro aspecto que resulta inadmisible para este ente defensor, tiene que ver con lo indicado por las autoridades regionales del ICE, en cuanto a que la reposición de redes no se encuentra planificado ni presupuestado. Se indica que, una vez que se realizó el análisis técnico y presupuestario correspondiente, se determinó que el restablecimiento de los servicios se podría realizar hasta el mes de enero del año 2022, es decir, un año después, asumiendo que no había otra opción y que se debía esperar a esa fecha, pero sin aportar el más mínimo detalle de cómo llegaron a esa decisión.
Por otra parte, la Defensoría también solicitó información a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), entidad que hizo mención al desconocimiento alrededor de la posición específica de las empresas operadoras y proveedoras de servicios de telecomunicaciones, en relación con la posibilidad de desplegar infraestructura, para mejorar los servicios de telefonía móvil y acceso a internet en la zona de Pococí. Esto por cuanto no existe la obligación de las empresas reguladas de reportar a la Superintendencia sus planes de desarrollo de infraestructura ni de inversión y pareciera entonces que tampoco existe interés de conocer esta información estratégica para que la institucionalidad y no sólo los órganos de control tutelen el derecho fundamental a las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
“La posición de SUTEL, en cuanto a simplemente remitir a las diferentes empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones en el cantón de Pococí, resulta un tanto insensible y apartada de la realidad de las personas a las cuales se está haciendo referencia en el presente caso. Esto tomando en cuenta que se trata de personas vulnerables, en situación de pobreza, con ingresos escasos, con problemas de salud, a quienes les resulta prácticamente imposible contratar los servicios que se ofrecen por parte del sector privado y de ahí que necesitan de una visión solidaria de operadores y reguladores públicos”, sostiene la Defensoría de los Habitantes en su Informe Final con Recomendaciones.
Para la Defensoría de los Habitantes, como Institución Nacional de Derechos Humanos, la afectación de la telefonía fija por robo de cable es una situación que afecta a varias comunidades del país, por lo que hace un llamado a las autoridades competentes a asegurar la eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, y cobertura en el servicio público de telefonía fija, tal y como lo ha sentenciado la Sala Constitucional (Nº 2015-003920), destacando el carácter prestacional y esencial del servicio telefónico básico tradicional.
En cuanto al financiamiento, se ha definido que le corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones, a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente, a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de aquellas zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable.
En el caso en concreto, en respuesta a consulta realizada por la Defensoría a la SUTEL, se mencionó que con base en el Fideicomiso de FONATEL se asignó al operador Claro el desarrollo de un proyecto en las comunidades pertenecientes a los distritos de Pococí. Dicho proyecto estableció como objetivo, proveer el acceso a servicios fijos de voz e internet; sin embargo, según la metodología utilizada para la selección de zonas de atención, la comunidad de San Luis, distrito Jiménez y sus comunidades, no se encuentra dentro del alcance del proyecto, al no cumplir con los parámetros y condiciones establecidos en el mencionado fideicomiso.
“Estamos en presencia de vulneración de derechos a personas adultas mayores, con discapacidad, de escasos recursos económicos, con problemas de salud y expuestos a los peligros derivados de la crisis global sanitaria, originada por el COVID-19, por lo que la Defensoría urge a las autoridades a asumir su responsabilidad y garantizar el acceso a la telefonía fija a esta comunidad de Pococí”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.