La Contraloría General de la República CGR emitió un reporte de auditoría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), para determinar si las acciones, en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de inspección técnica vehicular, cumplen con el marco contractual, legal y normativo, dado que el contrato vigente para la prestación exclusiva de este servicio vence en un año (julio 2022) tras 20 de vigencia.
Se determinó una ausencia de elementos mínimos en la planificación de la estrategia para la continuidad del servicio y del cierre de la etapa contractual actual, que pueden resumirse así: