Investigaciones de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, dejan en evidencia una crisis por el uso de plaguicidas en el país. La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias, hizo un vehemente llamado para tomar acciones basadas en evidencias científicas.
Se estima que Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que aplica más plaguicidas por área agrícola, con estimaciones que oscilan entre 10 y 35 kg/hectárea. De acuerdo con Fernando Ramírez, investigador del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), cerca del 90% de los plaguicidas usados en el país son considerados Altamente Peligrosos (PAPs) por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Red de Acción en Plaguicidas (PAN), según criterios que incluyen alta toxicidad aguda, potencial cancerígeno, toxicidad reproductiva y efectos adversos irreversibles en el ambiente y la salud. “Hay algunas formulaciones que, a pesar de no cumplir con la alta toxicidad aguda, si se inhalan son fatales para las personas, especialmente cuando se abre el envase o empaque. Asimismo, existen plaguicidas de alta preocupación ambiental, persistentes en el agua o el suelo, que son muy tóxicos para organismos acuáticos y altamente tóxicos para abejas, estas últimas consideradas de vital importancia para la humanidad”.
En las últimas décadas el área agrícola costarricense se ha mantenido relativamente estable, pero no así el consumo de plaguicidas, lo que nos dice que cada año se usan más plaguicidas por hectárea o que se han cambiado cultivos de bajo consumo por cultivos de uso muy intensivo. Los cultivos con mayor uso por hectárea de estas sustancias son el banano, con alrededor del 33% del uso total, junto con tomate, papa, chile, cebolla y la piña con 20%; cultivos de uso medio como plátano, papaya, zanahoria, arroz y repollo. Algunos de bajo consumo son la caña de azúcar, yuca, cítricos, frijol, mango, café y palma, y de muy bajo consumo el maíz, el palmito, algunos tubérculos y cacao, cuyo consumo no alcanza el 0,5%.
Ramírez destaca, además, que muchas de las formulaciones contienen coadyuvantes que aumentan la toxicidad del ingrediente activo y representan al menos 15 millones de kilogramos adicionales al año. “Debemos considerar, además, que cada trabajador agrícola puede aplicar entre 40 y 47 kilogramos de producto; es decir, su exposición es muy alta, y si tomamos en cuenta los estudios que hemos realizado, donde se determina que la mayoría de ellos no utilizan protección como lentes, guantes o mascarillas, aumentan los problemas relacionados con el alto uso de plaguicidas”, detalló Ramírez.
Mancozeb y glifosato siguen siendo los plaguicidas más utilizados en el país, mientras que otros como clorpirifos, diazinón y paraquat, declarados de alta peligrosidad, se siguen usando. “Un ejemplo es el metamidofos, prohibido en 102 países, mientras que en Costa Rica se sigue utilizando”, explicó Ramírez, quien participó en el foro “Plaguicidas: Impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica”, organizado por la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica el pasado 7 de agosto.
Impacto ambiental
En esta actividad, Silvia Echeverría, investigadora del IRET-UNA, presentó un análisis sobre la contaminación ambiental causada por plaguicidas, donde resaltó la grave situación y los múltiples efectos negativos que tienen estos compuestos en el ecosistema. “Gracias a nuestro clima tropical, tenemos cerca de 450 mil hectáreas de tierra cultivada con producción continua. Esto es una gran ventaja, pero al mismo tiempo significa que no hay una veda natural. Los plaguicidas, diseñados específicamente para ser tóxicos, no solo afectan a las plagas objetivo, sino que se dispersan fuera de las fincas”, detalló Echeverría.
Estudios anteriores encontraron plaguicidas en el aire a menos de 100 metros de las fincas, pero también a un kilómetro de distancia, lo que demuestra su capacidad de dispersión por corrientes de aire. Asimismo, una investigación de la estudiante Karla Solano, de la Maestría en Ecotoxicología Tropical, detectó plaguicidas tanto de uso doméstico como agrícola en el polvo de estantes, pupitres de escuelas, colchones y cocinas ubicadas cerca de zonas productoras.
La vida silvestre no está exenta, y es por ello que se encontraron plaguicidas en el pelo de los perezosos y en la boca de estos animales. Además, en colmenas cercanas a áreas agrícolas se detectaron plaguicidas y fungicidas tanto en las colmenas como en la miel. Los plaguicidas también pueden llegar a las aguas subterráneas y superficiales. “Entre 2009 y 2019 se analizaron más de mil muestras de agua superficial de diferentes ríos, donde se detectaron 85 plaguicidas distintos; 32 de ellos superaron las normas internacionales de protección a la biodiversidad. La presencia de mezclas de hasta 30 diferentes plaguicidas en una sola muestra representan un alto riesgo para organismos fotosintéticos y grupos de invertebrados, que son fundamentales en las cadenas alimenticias acuáticas”, explicó la investigadora.
Los plaguicidas también se detectaron en las desembocaduras de ríos que drenan hacia el Golfo Dulce y el Caribe. Además, el manganeso, componente del fungicida mancozeb, se halló en concentraciones anormalmente altas en esponjas, sedimentos y algas marinas. Echeverría también detalló que estudios de laboratorio con muestras de ríos contaminados demostraron la mortalidad de invertebrados y efectos adversos en la reproducción. “En estudios de campo, se ha observado una disminución de la biodiversidad y cambios en la composición de organismos acuáticos en sitios impactados por plaguicidas. También tenemos evidencia de que la contaminación por plaguicidas puede actuar como una barrera tóxica, que impide el movimiento de organismos entre diferentes partes de un río, lo que representa un ejemplo de fragmentación de hábitat acuático”.
Otro estudio, liderado por Freylan Mena, también del IRET-UNA, determinó que, en el caso de un pez específico, al ser expuesto a un plaguicida organofosforado, que tiene efectos neurotóxicos, disminuye su capacidad de respuesta ante los depredadores, lo que afecta sus números poblacionales. También se observa daño celular y neurotoxicidad en abejas expuestas a insecticidas como el malatión y el fipronil.
Salud en deterioro
Berna van Wendel de Joode aseveró que el problema de los plaguicidas es, en realidad, un problema de salud pública. Se refirió a un diagnóstico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) publicado en el 2022: “El Estado invierte cerca de 9 millones de dólares al año en el tratamiento de dolencias, incapacidades y pérdida de productividad asociada al uso de plaguicidas. El Instituto Nacional de Seguros reporta frecuentes intoxicaciones laborales agudas debido a los plaguicidas, las cuales no solo afectan a los trabajadores agrícolas, sino también a las personas cercanas a las zonas de cultivo. Un ejemplo es el caso de Río Cuarto, cantón donde el año pasado se reportó la intoxicación aguda de niños y docentes en un centro educativo, producto de una aplicación por atomizador en horario no permitido”.
Estudios realizados por el IRET-UNA señalan que el contacto con el fungicida mancozeb y su metabolito etileno tiourea (ETU) se ha asociado con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) en mujeres embarazadas, cambios en la circunferencia cefálica de recién nacidos, desarrollo socioemocional inferior en niñas de un año, incremento en infecciones del tracto respiratorio inferior en infantes durante el primer año de vida e inferior aprendizaje verbal medido en niñas y niños de edad escolar.
Asimismo, indica la especialista, la exposición al fungicida pirimetanil se ha asociado tanto con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) como con una menor capacidad lingüística en niñas de un año, y el contacto con el insecticida clorpirifos se ha asociado con un menor peso al nacer, un menor perímetro cefálico y un inferior neurodesarrollo de niñas y niños.
El contacto prenatal con el herbicida 2,4-D, destaca la investigadora, se asoció con un menor peso, un menor perímetro cefálico y una menor longitud corporal al nacer, así como con un desarrollo inferior del lenguaje y la motricidad infantil.
En trabajadores agrícolas, el contacto con clorpirifos y piretroides se ha asociado con una reducción de la activación cortical cerebral prefrontal durante la realización de tareas de memoria de trabajo.
Economía y política
De acuerdo con Felipe Arauz, investigador de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, según el Centro Internacional de Agricultura y Biociencias, en América Latina las plagas causan la pérdida del 41% de las cosechas. “Si bien no hay datos para Costa Rica, se estima que con un valor de cosechas de 2.4 billones de colones, la pérdida representaría alrededor de un billón de colones. En ningún país desarrollado se ha logrado prescindir completamente de los plaguicidas, y en Costa Rica, el 98% de la agricultura es convencional, por lo que los agricultores necesitan acceso a plaguicidas más seguros y eficaces, y una regulación adecuada, mientras se dan las condiciones específicas para la transición a la agricultura orgánica”.
Arauz propone reducir el uso de plaguicidas mediante estrategias complementarias en: prácticas agrícolas, reducir la dosis y frecuencia de aplicación de plaguicidas sintéticos mediante el manejo de información, uso de plaguicidas más eficientes y métodos de aplicación mejorados; sustitución de plaguicidas sintéticos: reemplazo por opciones genéticas, biológicas o químicas, como por ejemplo extractos de algas y aceites esenciales de origen vegetal o la quitina de origen animal; prácticas de producción sostenibles, donde se promueva el uso de suelos saludables, biodiversidad, manejo del agua y uso de plantas resistentes.
Finalmente, en este mismo foro, la diputada Kattia Cambronero explicó el proyecto de ley propuesto para la regulación de plaguicidas bajo el expediente 23.783, cuyo objetivo principal es reducir el uso de PAPs mediante controles estrictos y sustitución por alternativas más sostenibles.
“El proyecto lo que busca es dar una solución integral y no solamente tener una posición de prohibición, por eso se tocan varios elementos como el análisis periódico de los PAPs presentes en el país, utilizando estándares internacionales; la exclusión del Ministerio de Agricultura en la evaluación de plaguicidas por el riesgo de que sean juez y parte; la implementación de una receta digital gestionada a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y la recopilación de estadísticas sobre la contaminación, enfermedades y muertes relacionadas con el uso de plaguicidas, con el fin de tener una línea base y medir el impacto en la salud pública y de los ecosistemas; incentivos para los agricultores y eliminación de la exoneración del IVA para los plaguicidas considerados PAPs, entre otros”.
Llamado
La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica hace un vehemente llamado de atención a la población, a las autoridades de gobierno y locales, al sector académico, a las organizaciones comunitarias, a las empresas del sector agrícola y a los agricultores y agricultoras, para que se tomen decisiones claras, sobre una base científica sólida, y se implementen acciones inmediatas que reduzcan significativamente los impactos negativos en la salud humana y los ecosistemas derivados del uso de plaguicidas.
“Estas evidencias muestran que los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas y en la salud humana son preocupantes. El tema es complejo y demanda un abordaje multifactorial que tome en cuenta diversos aspectos, considerando el peligro y la toxicidad de las sustancias y el grado de exposición a las mismas. Sin embargo, las medidas de protección y prevención implementadas hasta ahora no han logrado cumplir con su propósito de salvaguarda ambiental y de la salud humana”, cita el pronunciamiento emitido el pasado 7 de agosto.
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