Imagen con fines ilustrativos.
– Si diputados aprueban la segunda ley para la transferencia de competencias presentada el pasado 31 de agosto en la Asamblea Legislativa. – Proyecto bajo el expediente 22.670, propone que las municipalidades se encarguen de la atención del equipamiento e infraestructura educativa.
16 setiembre. Al amparo del decreto ejecutivo número 42798-H, el Ministerio de Educación indica que “se ve en la obligación de subejecutar una serie de rubros que incluyen gastos operativos para el funcionamiento de los centros educativos, generando como consecuencia la solicitud a las Juntas de Educación y Administrativas no realizar nuevas contrataciones para compra de bienes o servicios o gastos en mantenimiento del centro educativo, excepto que sea algo urgente y previamente avalada por la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE)”.
Tomamos esta noticia, publicada en un medio de circulación nacional, con mucha preocupación porque, como habíamos informado, existe una alternativa a la gestión de los recursos para infraestructura y equipamiento educativo como lo es la iniciativa de ley que se tramita bajo el expediente 22.670, presentada por la UNGL a corriente legislativa con el nombre Segunda Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva del Equipamiento e Infraestructura Educativa, la cual propone una mecanismo más óptimo para la ejecución de estos recursos.
“Nuestro proyecto de Ley, toma en cuenta las necesidades más inmediatas de los centros educativos, además estamos convencidos que las Municipalidades tienen la capacidad instalada, como son las proveedurías, dirección de obras y personal altamente preparado, calificado y especializada en la contratación de obra pública. Tenemos la experiencia adquirida a lo largo de los años en apoyo a las reparaciones, mantenimiento y otras obras de los centros educativos de su territorio”, recalcó la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Karen Porras
La iniciativa que busca seguir con el impulso al proceso de descentralización del país, busca transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos que imparten educación preescolar, general básica y diversificada. Al dotar a las Municipalidades de estas funciones y recursos se busca garantizar un mayor grado de efectividad y eficiencia en la ejecución de los fondos públicos que se invierten en educación.
Ante la existencia de más de 266 órdenes sanitarias en espera de ser atendidas en el mismo número de centros educativos, con una espera de más de 400 proyectos para la contratación de servicios profesionales de ingeniería y con un saldo, en caja única del Estado, de más de ¢20 mil millones asignado a las juntas, a la espera de su ejecución, es que desde la UNGL se urge a las Diputadas y Diputados poder acelerar el trámite a esta iniciativa, que, tras lo emitido por el MEP, toma aún más relevancia bajo la consiga de garantizarles a las niñas y niños su derecho a una educación digna y de calidad.